Cuando la Policía es un problema de orden público y atenta contra los derechos fundamentales

Violencia contra los ciudadanos.

Las Marchas han marcado un punto de inflexión en la actuación de los antidisturbios, que actúan con un total desprecio a las libertades más básicas.

La policía antidisturbios, una de cuyas unidades fue utilizada como víctima propiciatoria durante los altercados provocados por alborotadores al servicio del Estado, en lugar de preguntarse por qué se lanza a un grupo reducido de policías contra los miles de personas que se agolpan y por qué no reciben refuerzos cuando su actuación desencadena la ira de las personas que están siendo agredidas por ejercer su derecho constitucional a manifestarse libremente, ha volcado toda su frustración y rabia contra los ciudadanos en lugar de contra aquellos que los utilizan como armas contra el pueblo sin dudar en poner en riesgo su integridad física con tal de obtener las imágenes de violencia que tanto ansían para poder denigrar la protesta social.

No pueden esperar solidaridad alguna ni reconocimiento unos policías que violan constantemente la ley y que se comportan como auténticos matones en las calles de nuestras ciudades. No dudan en acatar ciegamente órdenes contrarias a la Constitución que un día juraron defender, actuando como infiltrados violentos en las protestas de la población, golpeando a personas indefensas, insultando a los ciudadanos y ciudadanas a los que deben todo, violando el derecho de la Prensa a ejercer su labor libremente e, incluso, agrediendo de forma selectiva y premeditada a aquellos periodistas que no pertenecen a los grandes mass media, cómplices del gobierno al manipular descaradamente la realidad.

Desde hace un tiempo se han rebasado todas las líneas rojas de decencia profesional por un cuerpo que se ha convertido en un grave problema para la pacífica convivencia y desarrollo democrático. Estos policías son, sin paliativos, un grave problema de orden público que alteran la convivencia ciudadana y violan derechos fundamentales. Deberían recordar estos uniformados que en 1945 otros uniformados, que también afirmaban “cumplir órdenes”, fueron juzgados y condenados estableciendo un principio de Justicia universal inalienable por el que son plenamente responsables de todos y cada uno de los atropellos que cometen, tanto individual como colectivamente.

Es inadmisible que tras una demostración cívica y pacífica como la celebrada el pasado 22 de marzo en España, un joven tenga que sufrir daños físicos de por vida. Es inaceptable que otro joven, de tan sólo 19 años de edad, haya perdido irremisiblemente la visión de un ojo tras recibir un pelotazo de goma disparado por un sicario con ánimo de causar lesiones graves. Y muchas otras tantas que se han hecho, como en las protestas del Paro Nacional Agrario en Colombia del 19 de agosto al 12 de septiembre de 2013 donde el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) masacraba a los pobres campesinos, o en México y en Venezuela donde se ha sufrido tanto y habido tantos problemas en estos últimos meses. Es totalmente inadmisible que la Policía, para justificar su actuación contra miles de personas reunidas en paz y libertad invente pruebas y falsifique la verdad.

Estos policías yerran el tiro cuando vuelcan su ira contra una joven que escribe en su libreta “me dais vergüenza” y se lo enseña, sin mediar palabra, a los uniformados que se manifestaban sin autorización en defensa de las Unidades de Intervención Policial (UIP). El gesto de dignidad de esta joven la costó ser identificada por policías secretas, cacheada de modo agresivo y denunciada por la ya demasiado común “desórdenes públicos”. Su desprecio hacia la ciudadanía, aun cuando saben que han sido utilizados groseramente por el gobierno, se vuelca de modo rabioso contra aquellos a los que debieran servir.

El 29 de marzo han elevado aún más el listón de indignidad e ilegitimidad como fuerza policial tras reprimir brutalmente a las pocas personas que pudieron congregarse en la Plaza de Neptuno en la convocatoria #Jaque a la Monarquía. Se bloquearon estaciones de metro, se obligó a borrar tarjetas memoria de dispositivos móviles y se reprimió con una brutalidad y ensañamiento como hasta ahora no se había visto a la Prensa. Siete compañeros periodistas sufrieron las agresiones policiales en sus distintas modalidades: insultos, amenazas, vejaciones, golpes y detenciones. Esta actuación, perfectamente documentada por los mismos agredidos y otros compañeros de profesión, es una agresión más contra un derecho básico de la ciudadanía: el derecho a la información.

Una policía que sigue ciegamente las órdenes que recibe, sin cuestionarse su legitimidad ni legalidad y que disfruta abusando de su autoridad, es una policía que no le sirve a esta sociedad, por lo que cualquier proyecto progresista con pretensiones de gobierno, ha de plantearse una profunda democratización de los cuerpos represivos del estado, reconvirtiéndolos en una fuerza al servicio de la ciudadanía y eso pasa, necesariamente, por la depuración y expulsión de sus filas de los elementos más antisociales que hoy integran estos cuerpos.