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sábado, 2 de agosto de 2014

Rotundo rechazo a la aprobación de la “Ley Mordaza”, libertad de expresión vulnerada


La llamada “Ley mordaza” que ha sido aprobada este jueves 30 de julio en el Estado de Sinaloa, ha puesto en alarma a distintos sectores de la sociedad, principalmente, al gremio periodístico de diversas partes del país.

Dicha reforma propuesta por el gobernador del estado, Mario López Valdez de afiliación Panista, modifica a la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia en aquella entidad. El también expriista propuso esta modificación desde el pasado 6 de julio dentro el marco de la implementación de la reforma constitucional en materia de “Seguridad y Justicia”, la cual ya fue aprobada en días recientes frente al rechazo de diversos sectores.

La modificación de ley, impide que los profesionales de la información puedan acercarse a escenas y zonas donde se hayan cometido ilícitos para tomar registro gráfico de los hechos. De igual forma, tampoco podrán acceder a "información relacionada con la seguridad pública o la procuración de justicia", versa esta ley en su artículo 51 bis de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa.

Para el ejercicio periodístico y difusión informativa, estas modificaciones proponen que “Los medios de comunicación tendrán acceso a la información de las investigaciones a través de los boletines de prensa que emita la unidad de acceso a la información pública, siempre que se cumplan con los requerimientos marcados por las leyes en materia de transparencia” indica la nueva ley.

Con esto, los periodistas de Sinaloa solo tendrán como insumo las versiones emitidas por la procuraduría de justicia estatal en tanto a los hechos delictivos. Lo que, limita por mucho el trabajo periodístico en el estado sinaloense donde el tema de seguridad, evidentemente es noticia por ser unos de los estados más conflictivos de la federación mexicana.

Voces en contra.

El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, ha sido de los primeros en pronunciarse en contra de dicha ley. Presente en Guadalajara para la inauguración de los Foros Regionales sobre Justicia Penal y Derechos Humanos, el ombudsman nacional fue tajante al decir que los comunicadores y periodistas, deben de gozar de todas las garantías y libertades para informar y difundir información.

De igual forma, la Asociación de Periodistas de Sinaloa emitió un comunicado donde amagan en contra del congreso local, calificando la aprobación de dicho dictamen como “propio de una dictadura”, además de considerarlo como un “gravísimo exceso” por parte del H. Congreso del estado de Sinaloa.

En su comunicado, la asociación de periodistas estala exigen la inmediata derogación por considerar que atenta contra sus más elementales libertades además de mencionar que acudirán ante organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a La Supera Corte de Justicia Nacional, la Corte Interamericana de Derechos humanos, así como a la propia Organización de las Naciones Unidas.

Otras organizaciones y Asociaciones civiles se han sumado al rechazo. Uno de ellos es la organización Artículo 19 dedicada a la preservación y promoción de la libertad de expresión a nivel internacional. Estos emitieron de igual forma un comunicado donde se posicional frente a la llamada “ley mordaza” por considerar que pone en “riesgo el ejercicio efectivo de los derechos humanos de acceso a la información y de libertad de expresión”.

La organización enfatiza que “La ley únicamente servirá para seguir alentando la impunidad, falta de rendición de cuentas y opacidad por parte de las autoridades encargadas de procurar justicia. Es una medida desproporcionada y digna de un país autoritario. La inseguridad jamás se abatirá limitando la información a la prensa y a la sociedad, que eso quede claro”, afirmó su director en el comunicado, Darío Ramírez.

De igual forma, menciona que se reconoce que se tiene que tener reserva con investigaciones penales, “sin embargo, esto no exime a la autoridad a brindar toda la información, por ejemplo, en casos en los que se investigan violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.” Apuntó la organización.

A la condena, también se sumaron la Asociación de Periodistas siete de Junio, el foro Nacional de Periodistas y comunicadores, A.C y la Red de Periodistas De A pie.


El PRI se suma a la condena de la “ley mordaza”

Paradójicamente, el Revolucionario Institucional amaga en contra de la aprobación a las modificaciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia e insta al propio gobernador de la entidad a derogar dichas modificaciones. A su vez, menciona en un comunicado que tal ley “limita el trabajo periodístico y se suma a la decisión de los diputados locales priístas de dar marcha atrás a esta disposición, convencidos de que con ello se fortalece la democracia”.

Esta declaración resulta paradójica, pues en el congreso local el priísmo es mayoría con 22 de las 40 diputaciones y cuya votación para su aprobación resultó ser unánime entre todas las fuerzas políticas existentes en el congreso.

Después de propuesta y aprobada; diputados proponen su derogación

Después de todo el tumulto de declaraciones en rechazo a la ley mordaza, la junta de coordinación política del congreso local presidida por el Diputado, Jesús Enrique Hernández Chávez, presentó la propuesta de derogación de las modificaciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

En conferencia de prensa, señalan que “algunos de los aspectos referidos en el artículo 51 Bis, en relación a la preservación de la escena del delito, ya se encuentra previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que derogar dicho artículo no afectaría en ese sentido”.

Esta aseveración no hace más que confirmar las innecesarias y tan polémicas modificaciones aprobadas en el artículo 51 Bis; pues con esta aprobación “aplicada con rigidez la norma podría conducir a excesos que afectaran el campo profesional de los medios como conductos necesarios para satisfacer el derecho a la información que la sociedad tiene.” Reconoce la junta de coordinación política.

Esta nueva propuesta, pero ahora de derogación, será presentada el próximo 19 de Agosto después de que él congreso local regrese del periodo vacacional. A su regreso, darán lectura a la iniciativa para posteriormente, enviar a comisiones para su dictaminación para ser discutida y aprobada el 21 de agosto en periodo extraordinario.

En cifras oficiales de 2013, Sinaloa es comprendido como uno de los cinco estados más violentos del país, pues tiene una tasa de 41 homicidios por cada 100 mil habitantes. En este año, el estado sufre de un repunte en la violencia debido al reajuste de grupos delincuenciales tras la captura de Joaquín “el chapo” Guzmán, a principios de este 2014.
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